Se analiza la aplicación del principio de interés superior del niño en los procedimientos asociados a situaciones de violencia escolar, particularmente cuando se adoptan medidas disciplinarias que pueden afectar la permanencia de estudiantes en establecimientos educacionales. A partir del examen de la normativa chilena sobre convivencia escolar, protección integral de la niñez y adolescencia y debido proceso, se estudian las exigencias que deben observar los establecimientos al momento de investigar, sancionar y resolver conflictos. Se consideran especialmente la proporcionalidad de las medidas, la necesidad de respetar garantías procedimentales y la utilización de la expulsión o cancelación de matrícula como medidas de última ratio. Asimismo, se revisa jurisprudencia de tribunales de familia y cortes de apelaciones en torno a acciones de protección vinculadas con hechos de violencia escolar, identificando criterios relativos a la procedencia de dichas acciones, la responsabilidad de los establecimientos y la aplicación de protocolos internos. Se concluye que el interés superior del niño debe ponderarse tanto respecto de quien ejerce la conducta agresiva como de quien resulta afectado por ella, y que su aplicación debe armonizarse con el debido proceso y con el deber institucional de garantizar un entorno educativo seguro.
