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Cambio de apellido y familia ensamblada: manifestación del derecho a la identidad y el principio de autonomía progresiva.
(Thomson Reuters, 2024-06) Merlet-Zuvic, Stephanie Nicolette
Se analiza la procedencia de las solicitudes de modificación del nombre de niños, niñas y adolescentes cuando estos buscan sustituir el apellido de uno de sus progenitores por el de una figura parental con quien mantienen vínculos afectivos y de convivencia. A partir del reconocimiento del nombre como elemento constitutivo de la identidad personal, se examina el marco normativo chileno aplicable, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley N.º 21.430 sobre garantías y protección integral de la niñez y adolescencia y la Ley N.º 17.344 sobre cambio de nombres y apellidos. Asimismo, se aborda la transformación de las estructuras familiares y la relevancia que adquieren los vínculos socioafectivos en la construcción personal de niños, niñas y adolescentes. Mediante el estudio de decisiones recientes de la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Puerto Montt y el Tribunal Constitucional, se identifican los criterios empleados por la jurisprudencia para resolver estas solicitudes. Se concluye que la edad no constituye, por sí sola, un límite para adoptar una decisión de esta naturaleza, debiendo ponderarse la madurez, las circunstancias particulares, la opinión del niño, niña o adolescente, su interés superior y los vínculos afectivos existentes.
La aplicación del principio de interés superior y su relación con el debido proceso en los supuestos de violencia escolar
(Rubicón, 2026) Astudillo-Meza, Constanza Nicole Amanda
Se analiza la aplicación del principio de interés superior del niño en los procedimientos asociados a situaciones de violencia escolar, particularmente cuando se adoptan medidas disciplinarias que pueden afectar la permanencia de estudiantes en establecimientos educacionales. A partir del examen de la normativa chilena sobre convivencia escolar, protección integral de la niñez y adolescencia y debido proceso, se estudian las exigencias que deben observar los establecimientos al momento de investigar, sancionar y resolver conflictos. Se consideran especialmente la proporcionalidad de las medidas, la necesidad de respetar garantías procedimentales y la utilización de la expulsión o cancelación de matrícula como medidas de última ratio. Asimismo, se revisa jurisprudencia de tribunales de familia y cortes de apelaciones en torno a acciones de protección vinculadas con hechos de violencia escolar, identificando criterios relativos a la procedencia de dichas acciones, la responsabilidad de los establecimientos y la aplicación de protocolos internos. Se concluye que el interés superior del niño debe ponderarse tanto respecto de quien ejerce la conducta agresiva como de quien resulta afectado por ella, y que su aplicación debe armonizarse con el debido proceso y con el deber institucional de garantizar un entorno educativo seguro.